El vecino arquitecto y perito Sergio Aníbal Fossati interpuso una formal denuncia en el HCD de Avellaneda apuntando contra la cúpula municipal y funcionarios de la Secretaría de Planificación y Obras Públicas. Se cuestiona la legalidad de los nombramientos, la falta de matrículas habilitantes y la validez de los actos administrativos y pagos de obras clave como el CAPS/US16 “Brisas del Plata”.
Una grave presentación institucional sacude por estos días al ámbito político y administrativo de Avellaneda. El arquitecto Sergio Aníbal Fossati (CAPBA 9.358) formalizó este lunes una denuncia ante el Honorable Concejo Deliberante (HCD) en la que pone bajo la lupa la legalidad de los nombramientos, títulos y matrículas de altos funcionarios del Ejecutivo comunal, encabezados por el ex intendente Jorge Horacio Ferraresi y la actual mandataria Magdalena Sierra, además de exigir explicaciones sobre el rol de control del cuerpo deliberativo.
La acción legal y administrativa cuestiona de manera directa el esquema de diseño, ejecución y control de las obras públicas municipales, exigiendo que se investigue si se han vulnerado normativas provinciales y artículos del Código Penal referidos a la usurpación de títulos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.
La mira sobre los funcionarios y la cadena de mando
El escrito presentado en el HCD enumera una serie de nombres cuyas actuaciones profesionales, firmas y decretos de designación —según advierte el denunciante— deben ser auditados de manera urgente:
- Jorge Horacio Ferraresi (ex Intendente Municipal)
- Magdalena Sierra (actual Intendente)
- Guillermo Bruno Pesce (Secretaría de Planificación y Obras Públicas)
- Alan Fischer (Director General de Arquitectura)
- Nahuel Cechetto (Áreas técnicas de campo, pliegos y mediciones)
Para el denunciante, la pregunta institucional central es quiénes firmaron los nombramientos sin verificar los requisitos legales exigidos, y bajo qué avales técnicos se visaron planos, pliegos, mediciones e inspecciones de emprendimientos locales, tales como el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS/US16) «Brisas del Plata».
Respuestas de los Colegios Profesionales y sospechas sobre la obra pública
La denuncia se sustenta, entre otras pruebas documentales, en cruces de información con los entes de colegiación profesional. Por un lado, ante la consulta formal cursada por Fossati sobre la situación matricular de Jorge Horacio Ferraresi —invocado históricamente bajo título profesional—, la Oficina de Registro de Firmas del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA) respondió por correo electrónico que al día de la fecha “no registramos matriculados activos con dicho nombre”.
Asimismo, el expediente advierte sobre supuestas irregularidades detectadas en licitaciones y contrataciones vinculadas a la firma Hormivial S.A. en el marco del mencionado CAPS/US16, señalando la presunta falta de aportes, cartelería reglamentaria y la intervención de profesionales observados ante los tribunales de ética y cajas previsionales (CAAITPBA).
¿Nulidad absoluta en cadena?
Citando el artículo 240 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58), la presentación advierte sobre el riesgo de nulidad de pleno derecho que podría alcanzar a toda la cadena administrativa si se comprueba que los intervinientes carecían de las competencias o habilitaciones legales requeridas. Esto incluiría:
- Los decretos de designación en cargos técnicos.
- Los pliegos, proyectos, planos y expedientes de obras públicas.
- Las actas de inspección, medición y recepción.
- Los certificados de avance financiero y las autorizaciones de pago emitidas desde la Tesorería municipal.
El Código Penal y la falta de control del HCD
El escrito no limita el reclamo al plano administrativo, sino que recuerda la vigencia de los artículos 247, 248, 249 y 253 del Código Penal, instando a investigar las responsabilidades penales en el ejercicio ilegal de profesiones reglamentadas, el nombramiento de personas sin requisitos legales y la omisión de los deberes de control por parte de los superiores jerárquicos.
Finalmente, el documento lanzado a la opinión pública interpela directamente al Honorable Concejo Deliberante de Avellaneda: “¿Por qué no exige de inmediato la nómina, legajos y matrículas habilitantes de todos los funcionarios técnicos?, ¿por qué no encomienda una auditoría técnico-contable independiente sobre los fondos destinados a las obras?”.
La respuesta institucional sigue pendiente, mientras crecen los interrogantes sobre el destino de los recursos aportados por los contribuyentes locales.