La Casa Rosada negocia modificar la Ley de Financiamiento Universitario y ofrece mantener un esquema reducido de contribuciones patronales. El objetivo es acercar posiciones con las universidades y contener el conflicto judicial.
El Gobierno busca avanzar en un acuerdo con las universidades nacionales para modificar la Ley de Financiamiento Universitario y, al mismo tiempo, reducir el impacto de las contribuciones patronales sobre las instituciones educativas. La propuesta oficial contempla combinar un alivio en las obligaciones previsionales con un incremento de las partidas previstas para las casas de estudio en el Presupuesto 2027.
La discusión se desarrolla mientras las universidades vuelven a movilizarse en reclamo de mayores recursos y continúa abierto el conflicto judicial por la aplicación de la normativa vigente.
En la Casa Rosada reconocen que el tratamiento de las contribuciones patronales forma parte de las alternativas que están dispuestos a negociar. Sin embargo, todavía no está definida la alícuota que podría aplicarse ni existe un acuerdo cerrado con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Las conversaciones con las universidades se desarrollan por ahora de manera informal y el Ejecutivo pretende utilizar esta herramienta para reducir la diferencia entre los recursos que reclaman las instituciones y los fondos que el Gobierno está dispuesto a incorporar al Presupuesto 2027.
La discusión sobre los aportes patronales tiene como antecedente un régimen establecido en 2010 para determinadas universidades nacionales que arrastraban deudas previsionales.
El Decreto 1571/2010 fijó para las instituciones alcanzadas una alícuota reducida del 10,17% sobre la masa salarial. Ese porcentaje está compuesto por un 8,67% destinado al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y un 1,5% correspondiente al PAMI.
El beneficio fue otorgado a universidades que al 31 de diciembre de 2009 cumplían con determinados requisitos vinculados con deudas previsionales y que ingresaron a los correspondientes planes de regularización.
Posteriormente, el régimen fue modificado por el Decreto 645/2023. La normativa estableció una transición progresiva para las universidades que terminan de cancelar sus obligaciones, en lugar de disponer un salto inmediato hacia la alícuota general.
De acuerdo con ese esquema, las instituciones que cancelaron sus deudas deben afrontar una alícuota de SIPA y PAMI del 13,65% durante 2026. El porcentaje asciende al 14,52% en 2027, al 15,39% en 2028, al 16,26% en 2029 y al 17,13% en 2030. Desde 2031 comenzarían a aplicarse las alícuotas generales correspondientes al sector público.
La situación de la UBA y el impacto sobre sus cuentas
La Universidad de Buenos Aires (UBA) es una de las instituciones que siguen de cerca la evolución de este esquema debido al impacto que tendría el aumento de las contribuciones sobre su masa salarial.
Desde la universidad remarcan que el incremento previsto no implica pasar directamente de la tasa reducida a una carga del 24%, sino ingresar en la escala progresiva establecida por el Decreto 645/2023.
El tema resulta especialmente relevante para las cuentas de la UBA porque cerca del 90% de sus recursos se destina al pago de salarios y alrededor del 10% corresponde a gastos de funcionamiento. Por ese motivo, un aumento de las obligaciones patronales tendría un efecto directo sobre el presupuesto disponible.
De todos modos, el régimen no alcanza de la misma manera a todas las universidades nacionales. Algunas instituciones ya finalizaron sus planes de regularización y comenzaron a transitar la escala de convergencia, mientras que otras todavía conservan la alícuota reducida.
El alivio sobre las contribuciones patronales forma parte de una negociación más amplia que incluye el Presupuesto 2027.
El Ejecutivo admite que podría aumentar los recursos destinados a las universidades respecto del proyecto original enviado al Congreso, aunque descarta llegar a los aproximadamente $11 billones que reclama el Consejo Interuniversitario Nacional.
La estrategia oficial consiste en combinar un aumento de las partidas presupuestarias con una reducción o continuidad del esquema favorable de contribuciones patronales. De esta manera, el Gobierno busca achicar la diferencia entre los recursos solicitados por las universidades y el monto que está dispuesto a destinar directamente desde el Tesoro.
En Nación todavía no definieron qué porcentaje de reducción podrían ofrecer ni cuál sería el instrumento normativo para implementarlo. Esa cuestión forma parte de las conversaciones que mantienen con las instituciones universitarias.
El conflicto judicial suma presión a la negociación
El Gobierno también enfrenta un frente judicial abierto por el financiamiento universitario.
Este miércoles, el juez Martín Cormick estableció multas de $100.000 diarios para el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la actualización de los salarios docentes y no docentes y los fondos destinados a becas.
La administración de Javier Milei anunció que apelará la medida judicial mientras continúa la discusión sobre la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
En este escenario, el Ejecutivo busca retomar la discusión sobre la Ley 27.795 y modificar el esquema vigente. La Casa Rosada ya había intentado impulsar cambios durante las sesiones extraordinarias de febrero, aunque el proyecto no logró avanzar.
Ahora, el oficialismo pretende incorporar esa discusión a la negociación del Presupuesto 2027 y alcanzar un entendimiento con sectores universitarios y bloques legislativos que acompañen la iniciativa.
Una negociación con tres frentes abiertos
El Gobierno intenta avanzar de manera simultánea sobre tres cuestiones: el financiamiento universitario para 2027, el régimen de contribuciones patronales y el conflicto judicial por el cumplimiento de la ley vigente.
La propuesta oficial apunta a ofrecer mayores partidas presupuestarias y mantener un tratamiento favorable para las obligaciones patronales de las universidades a cambio de modificar la Ley de Financiamiento Universitario.
Por ahora, no hay un acuerdo cerrado. La alícuota que podría ofrecer el Ejecutivo, las universidades alcanzadas y el mecanismo legal para implementar los cambios todavía forman parte de la negociación.