La investigación en la Justicia Federal de Córdoba involucra a la casa de cambio Maguitur S.A. y señala una posible operatoria con dólares adquiridos al tipo de cambio oficial y revendidos en el mercado paralelo.
Una presunta red de operaciones cambiarias por unos US$500 millones quedó bajo investigación judicial y tiene entre sus antecedentes a Maguitur S.A., una casa de cambio cuyos accionistas incluían a Ana María Mosso, tía de la exlegisladora kirchnerista Ofelia Fernández.
La presentación fue impulsada por Guillermo Guiñazú contra integrantes de su familia y describe posibles maniobras de lavado de activos, contrabando de divisas, intermediación financiera ilegal y fraude informático.
Según la denuncia presentada en la Justicia de Córdoba y difundida por La Derecha Diario, durante el cepo cambiario en el gobierno de Alberto Fernández la firma habría accedido a dólares al tipo de cambio oficial mediante supuestos contactos en el Banco Central.
La demanda de divisas se habría justificado con operaciones vinculadas a una sociedad offshore radicada en Florida, Estados Unidos. Después, esos dólares se habrían vendido en el mercado paralelo para obtener ganancias con la brecha cambiaria.
La presentación sostiene que el circuito no habría terminado con la liquidación de Maguitur en 2020, sino que habría seguido activo a través de otras sociedades y cuevas financieras.
Entre las firmas mencionadas aparecen Inter Cambio SRL, Full Consulting SRL, E&D Real Investement Inc. y Aexchange Corporation. La investigación también señala posibles conexiones en varias provincias argentinas y países de la región.
Para reconstruir el recorrido del dinero, se solicitaron pericias contables e informáticas, informes patrimoniales y societarios, allanamientos, congelamiento de cuentas y cooperación judicial internacional.
El vínculo con la familia de Fernández había trascendido en 2019, cuando una investigación periodística identificó a Mosso como accionista de Maguitur junto con miembros de la familia Guiñazú. La mujer había sido sancionada por el Banco Central en 2015 por más de $1,5 millones y también fue cuestionada por presuntamente no declarar participaciones en sociedades chilenas.