Un verdadero escándalo institucional conmociona a la ciudad de Avellaneda tras salir a la luz una gravísima denuncia contra la cúpula del gobierno municipal. El vecino Sergio Aníbal Fossati y su esposa Silvia Beatriz Sosa apuntaron directamente contra el intendente Jorge Ferraresi, su esposa Magdalena Sierra y una nómina de altos funcionarios —entre ellos Guillermo Bruno Pece, Alan Fischer y Cechetto—, a quienes acusan abiertamente de actuar como “indocumentados sin matrículas profesionales“, ejerciendo funciones públicas de alta responsabilidad mediante títulos irregulares, engaños e impunidad, en connivencia con la empresa constructora contratada y el arquitecto Néstor Santillán.
“El año pasado, en 2025, lindero a mi domicilio ponen un cartel CAP 16 con fondos del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires… comienzan a romper una platea de hormigón con martillo neumático y además se desató un nido de ratas que nos invadió a cuatro vecinos”, denuncia Silvia Sosa, exponiendo la desidia con la que operan estas autoridades e ingenieros cuestionados.
La ejecución de esta obra irregular provocó estragos en la salud de los vecinos durante ocho meses consecutivos de exposición sin la más mínima medida de seguridad e higiene. El constante polvillo de cemento, vibraciones y colapso de infraestructuras agravaron severamente los cuadros de EPOC y enfisema pulmonar previa enfermedad oncológica del matrimonio, derivando en asma inducida, broncoespasmos recurrentes, rinitis, afecciones dermatológicas y oculares, además de severas secuelas psicológicas como ataques de pánico, insomnio y depresión reactiva.
A la presunta ilegalidad de los cargos que ostentan se suma una escalada de aprietes y hostigamiento contra las víctimas para silenciar el reclamo. “Una mañana el señor Guillermo Bruno Pece llama al celular de mi esposo… y este comienza a insultarlo y a intentar descalificarlo diciéndole que todos sus títulos y honores no le van a servir de nada y que si quiere haga todas las denuncias que quiera pues él maneja la justicia”, reveló Silvia sobre las amenazas recibidas por parte del funcionario.
Pese a haber recurrido a la fiscalía (UFI 4) y al Concejo Deliberante, los denunciantes no obtuvieron contención institucional sino maniobras dilatorias, violaciones a su intimidad en pericias forenses abusivas y el encubrimiento del oficialismo local. “Yo no amenacé ni falté el respeto a nadie. Yo no necesito una casa nueva. Yo necesito mi casa como estaba, bien, en forma”, concluyó Silvia Sosa, exigiendo una investigación urgente de la Justicia para poner fin a la impunidad de los funcionarios municipales y a los abusos contra los ciudadanos de Avellaneda.