La Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo de La Plata desestimó una apelación de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y ratificó la medida cautelar impulsada por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. El fallo frena cualquier intento de flexibilización en las prestaciones, recortes de inversión o reducción en los controles de calidad mientras avance la reestructuración y eventual privatización de la compañía estatal.
La resolución judicial ordena a la empresa abstenerse de modificar, limitar, diferir o suspender las obligaciones vigentes vinculadas al acceso al agua potable, la salud pública y la preservación del ambiente. Esta restricción se mantendrá firme hasta que se lleve a cabo una evaluación integral de carácter ambiental, sanitario e institucional sobre el estado de la prestación.
El titular de la Defensoría del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, cuestionó el esquema planteado por la conducción de la firma y el Ejecutivo nacional. «Una privatización en los términos que busca AySA y el Gobierno entregaría a los potenciales compradores una empresa sin la exigencia de cumplir la obligación de provisión de agua potable y dejándole el pasivo ambiental para que se haga cargo la Provincia, los municipios o los habitantes con su salud», advirtió.
Lorenzino remarcó además que la intervención del organismo busca resguardar un derecho básico de la población. «El agua potable es un derecho humano fundamental que no puede quedar sujeto a la flexibilización de contratos ni al recorte de inversiones. Vamos a seguir exigiendo que se respeten y mantengan las condiciones esenciales del servicio para garantizar la salud y el bienestar de las y los bonaerenses», concluyó.