El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires aplicó sanciones económicas a los 11 integrantes del Consejo Escolar de Avellaneda por serias irregularidades en la contratación de colectivos escolares durante el año 2024. La medida salpica por igual a todo el arco político local —incluyendo al oficialismo ferraresista, al PRO, a la UCR y a La Libertad Avanza— y alcanza a la actual secretaria de Educación del municipio, Claudia Colaso. En total, las multas suman $3.300.000 debido a contrataciones directas renovadas a dedo y micros que salían a la calle sin la habilitación al día.
Un verdadero escándalo político e institucional estalló en las últimas horas en Avellaneda tras conocerse el Fallo 508/2026 del Honorable Tribunal de Cuentas bonaerense. El organismo que audita los números del Estado sancionó con multas de $300.000 a cada uno de los 11 consejeros escolares y funcionarios que administraron la caja de las escuelas públicas del distrito durante el ejercicio 2024. Lo insólito del caso es que la sanción no discrimina camisetas partidarias: cayeron juntos los consejeros del oficialismo (Ferraresi), la UCR, el PRO y hasta los referentes de La Libertad Avanza.
El origen del problema no es menor: tiene que ver con los colectivos que llevan a los pibes de las escuelas de Avellaneda. Según la auditoría oficial, el Consejo Escolar armó un sistema de prórrogas truchas y continuas para contratar el transporte de alumnos sin llamar a licitación como manda la ley. Para colmo de males, los inspectores detectaron que contrataron colectivos de proveedores que ni siquiera estaban inscriptos en el Registro de Proveedores de la Provincia y, lo más grave de todo, le pagaron el servicio a una transportista cuya habilitación de Transporte Escolar había vencido a fines de 2023. Es decir, pusieron colectivos a circular con chicos arriba sin los papeles al día.
Entre las principales caras castigadas por la provincia se encuentra Claudia Cecilia Colaso, quien presidió el Consejo Escolar durante todo el 2024 y hoy se desempeña como secretaria de Educación en el gabinete municipal de Jorge Ferraresi. Pero la nómina completa del “pago cruzado” incluye a diez dirigentes más de todos los bloques políticos: Pablo Espósito (vicepresidente), Carolina González (tesorera), Darío Gómez (secretario), junto a los vocales Jimena Olaciregui, Rubén Navarro, Gabriela Pérez, Mariana Pineda, Daniel Sánchez, Mauro Nipoti y el secretario técnico Federico Castelli.
A la hora de defenderse ante los auditores en La Plata, las autoridades locales intentaron justificarse diciendo que tuvieron que contratar de apuro y “en emergencia” para que las clases pudieran arrancar en marzo. Argumentaron que el chofer habitual cambió de firma a último momento y que por eso tuvieron “errores administrativos involuntarios” para no dejar a los chicos tirados. Sin embargo, desde el Tribunal de Cuentas les derribaron la excusa de un plumazo: aclararon que el transporte de alumnos es un servicio permanente que se planifica todos los años, por lo que no se puede usar el truco de la “emergencia” o la “factura conformada” para saltarse las licitaciones y contratar sin la habilitación municipal correspondiente.
El fallo del Tribunal dejó en evidencia un pacto de convivencia dentro del Consejo Escolar donde nadie levantó la mano para denunciar ni frenar estas maniobras. Ahora, los 11 sancionados tienen un plazo de 90 días para sacar dinero de su propio bolsillo y depositar los $300.000 cada uno en la cuenta del Banco Provincia a la orden del Tribunal de Cuentas. Un bochorno que salpica a la gestión municipal, devela cómo se maneja la plata de la educación pública en el distrito y muestra que, cuando se trata de desprolijidades con los fondos del Estado, la grieta en Avellaneda se borra por completo.
DOCUMENTO EXCLUSIVO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS PROVINCIAL,QUE ACCEDIÓ MULTIMEDIO EN LA MIRA