El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín condenó a penas de hasta 17 años de prisión a 19 expolicías bonaerenses y a seis civiles que llegaron a juicio acusados de montar un entramado delictivo que extorsionaba a imputados por narcotráfico, fraguaba procesos judiciales y se quedaba con cargamentos de droga para venderla.
Mientras tanto, se investiga la presunta responsabilidad en los hechos del destituido exfiscal provincial Claudio Scapolan y de otros funcionarios judiciales y policiales.
Uno de los episodios centrales juzgados en el proceso fue la maniobra conocida como “Leones blancos”, un procedimiento fraguado en diciembre de 2013 en una quinta del partido de Moreno. Aquel día, la banda policial simuló el secuestro de casi media tonelada de cocaína a partir de una falsa denuncia anónima, mientras que se apoderó de otra media tonelada de estupefacientes que se encontraba a bordo de un vehículo.
La droga sustraída, cuyo valor fue estimado entre 2,6 y 2,8 millones de dólares, fue trasladada a la localidad de Santa Clara del Mar para su distribución en la Costa Atlántica y en el circuito internacional.
Por el caso “Leones blancos” recibieron condenas 13 acusados, 10 de los cuales eran policías de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Quilmes, donde se labraron las falsas actuaciones originadas en un llamado anónimo que derivaron luego en el allanamiento a la quinta situada en Moreno.
Por este hecho, el tribunal aplicó severas sanciones a la cúpula de la delegación Quilmes. El comisario Marcelo Roberto Di Rosa, el subcomisario Juan José Magraner y el subteniente Adrián Gonzalo Baeta recibieron las penas más altas, al ser hallados coautores de delitos como uso de documento público falso, falsedad ideológica, peculado y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada.
Asimismo, las condenas alcanzaron a otros efectivos de la misma repartición, entre ellos los subcomisarios Juan Alberto Elizalde y Marcelo Carlos Blanco, sancionados con 14 años y 6 meses de prisión, y la sargento Tamara Silvina Machuca, condenada a 11 años de cárcel.
La investigación puso al descubierto un patrón de actuación repetido en otras causas conexas denominadas “Bustamante”, “Basaldúa”, “Acosta” y “Santellán”. En esos expedientes se acreditaron maniobras de extorsión contra personas investigadas por narcotráfico, exigencias de dinero para evitar imputaciones y el armado de actuaciones judiciales con la presunta complicidad de funcionarios del sistema penal.
Respecto a la estructura que operaba en San Isidro, el comisario Roberto Adrián Okurzaty fue condenado a 17 años de prisión como organizador de una asociación ilícita, en tanto el sargento Santiago Ignacio Cabré y el teniente Mario Alberto de Armas recibieron penas de 14 y 12 años de prisión, respectivamente.
El veredicto también alcanzó al plano profesional y civil. Los abogados Francisco José García Maañón y Matías José Pedersoli resultaron condenados a penas en suspenso e inhabilitación especial para ejercer la abogacía tras ser considerados miembros de la asociación ilícita y partícipes en delitos de extorsión y cohecho.
Por su parte, el tribunal absolvió a seis de los imputados y ordenó la remisión de las constancias de la causa a la etapa de instrucción a fin de profundizar la investigación sobre la presunta responsabilidad del destituido exfiscal provincial Claudio Scapolan y de otros funcionarios judiciales y policiales involucrados en las maniobras.