Una cruda entrevista sacó a la luz la presunta manipulación que sufrían mujeres en situación de vulnerabilidad para obligarlas a marchar a cambio de escasa comida. La denuncia revela el trasfondo de organizaciones que operaban en la zona prometiendo ayuda que nunca terminaba de llegar.
Grave denuncia en Sarandí: Intentaron despojar de su propiedad a una mujer trans adulta mayor, recuperada de una cirugía a corazón abierto y denuncian maniobras de clientelismo
En una transmisión en vivo realizada desde la localidad de Sarandí, partido de Avellaneda, el medio independiente “Entre Plumas y Estrellas” dio a conocer la delicada situación que atraviesa Marcela Ortega, una vecina trans adulta mayor de la zona. Durante el encuentro, se expuso el panorama de vulnerabilidad extrema en el que se encuentra tras haber atravesado un cuadro médico crítico que incluyó una cirugía a corazón abierto, varias semanas en coma y un posterior cuadro de hemiplejía. Pese a que logró salir adelante con rehabilitación física y el uso de bastón, la mujer se enfrenta ahora a severas problemáticas edilicias y a la falta de ingresos económicos formales para sostener su día a día.
El testimonio tomó un giro dramático cuando la entrevistada detalló los presuntos abusos cometidos por una agrupación y ONG conocida en la zona bajo el nombre de “Rosa Naranja”. Según relató la propia Marcela, la entidad le habría ofrecido una reubicación en una vivienda precaria ubicada cerca de las vías del ferrocarril con la intención oculta de quedarse con el terreno y la propiedad que habita desde hace décadas. Ortega afirmó que, al percatarse de que buscaban utilizar su inmueble para instalar una sede de la institución, decidió cortar de inmediato cualquier vínculo y rechazar la propuesta para defender su único patrimonio.
Asimismo, la entrevista sacó a la luz una red de supuestas prácticas clientelares que afectaban a mujeres en situación de vulnerabilidad provenientes de distintas localidades del conurbano bonaerense, como Luis Guillón o Ezeiza. De acuerdo con las declaraciones, se entregaban raciones mínimas de alimentos a cambio de exigir la asistencia obligatoria a movilizaciones y marchas políticas. La entrevistada graficó esta dinámica señalando que las beneficiarias eran condicionadas a movilizarse semanalmente para recibir asistencia básica, utilizando la necesidad extrema de las personas para sostener estructuras de presión social.
En materia de asistencia estatal, si bien se reconoció que el municipio de Avellaneda hizo entrega de equipamiento básico para la vivienda —incluyendo una heladera, cocina, camas, colchones y un termotanque—, se remarcó que las ayudas alimentarias resultan insuficientes y que la gestión del certificado de discapacidad y la pensión por invalidez se encuentra paralizada por demoras burocráticas. Marcela confirmó que actualmente no percibe ningún tipo de haber ni subsidio del Estado, dependiendo exclusivamente de la solidaridad de allegados e iniciativas vecinales autónomas.
Finalmente, la transmisión concluyó con un llamado público a las autoridades municipales y de la Comisaría de la zona para que incrementen los patrullajes y garanticen la seguridad en el barrio. Además, se anunció que un equipo de personas solidarias asistirá a la vecina para abrir una cuenta de cobro digital y realizar el seguimiento de los expedientes administrativos ante los organismos previsionales, buscando asegurar que la asistencia necesaria llegue de manera directa y sin intermediarios politizados.