Gonzalo Sanfelippo dejó un firme pedido al Congreso Nacional: “Rechacen cualquier proyecto que ponga en riesgo el patrimonio de los argentinos”
El corredor inmobiliario matriculado y titular de Sanfelippo Propiedades cuestionó la intención de eliminar la matrícula profesional y el requisito del título universitario para ejercer el corretaje inmobiliario. Advirtió que una medida de esas características debilitaría la seguridad jurídica, favorecería el ejercicio ilegal de la profesión y aumentaría los riesgos para quienes compran, venden o alquilan un inmueble.
La posibilidad de que el Gobierno Nacional impulse una reforma para desregular el corretaje inmobiliario volvió a generar un fuerte debate dentro del sector. La propuesta, que incluiría la eliminación de la matrícula profesional y del requisito de formación universitaria para ejercer la actividad, despertó preocupación entre los corredores inmobiliarios matriculados y abrió interrogantes sobre el impacto que podría tener en la seguridad jurídica de las operaciones inmobiliarias.
En ese contexto, Gonzalo Sanfelippo, corredor inmobiliario matriculado y titular de Sanfelippo Propiedades, expresó su rechazo a la iniciativa y sostuvo que la discusión excede a una profesión y pone en juego la protección del patrimonio de millones de argentinos.
“No estamos hablando de defender una matrícula o un título universitario. Estamos hablando de defender a las familias que durante años trabajan, ahorran y hacen enormes sacrificios para comprar una vivienda, abrir un comercio o invertir en un inmueble. Cuando una persona entrega la venta de su casa, no entrega un bien cualquiera; entrega el patrimonio de toda una vida”.
Para Sanfelippo, el debate no puede reducirse a una cuestión de mayor o menor regulación.
“Presentar esta propuesta como una medida de modernización es un error. Desregular no siempre significa avanzar. En este caso significa quitar herramientas de control que hoy protegen a la sociedad. Si el Estado deja de exigir formación, matrícula y responsabilidad profesional, quienes quedan desprotegidos son los ciudadanos”.
El titular de Sanfelippo Propiedades remarcó que una operación inmobiliaria involucra mucho más que la publicación de un inmueble.
“Existe una idea equivocada de que el corredor inmobiliario simplemente publica fotografías y vende propiedades. La realidad es completamente distinta. Nuestro trabajo comienza mucho antes. Analizamos títulos, verificamos documentación, solicitamos informes registrales, controlamos inhibiciones, embargos y restricciones, asesoramos jurídicamente dentro de nuestro ámbito de actuación y acompañamos a las partes durante todo el proceso para evitar conflictos futuros”.
Según explicó, ese trabajo técnico y preventivo es el que muchas veces impide que una familia termine perdiendo dinero o enfrentando un proceso judicial.
“Cada documentación que revisamos, cada informe que solicitamos y cada irregularidad que detectamos antes de una firma representa un problema menos para nuestros clientes. Muchas operaciones nunca llegan a un conflicto precisamente porque hubo un profesional capacitado que actuó con responsabilidad”.
En ese sentido, advirtió que las estafas inmobiliarias ya existen y que la solución no puede ser reducir los controles.
“Hoy vemos personas que cobran dinero para mostrar inmuebles, falsas reservas, propiedades inexistentes, publicaciones engañosas y maniobras que terminan perjudicando a compradores, vendedores e inquilinos. Si estas situaciones ocurren aun existiendo regulación, resulta difícil comprender por qué alguien puede pensar que eliminando la matrícula y los controles habrá menos estafas. La experiencia indica exactamente lo contrario”.
Sanfelippo también hizo referencia a la utilización de figuras como “asesor inmobiliario” o “agente inmobiliario”, que suelen generar confusión entre quienes buscan vender o comprar una propiedad.
“La sociedad debe saber que esas denominaciones comerciales no reemplazan la figura legal del corredor inmobiliario matriculado. La legislación establece quién está habilitado para ejercer el corretaje y quién asume la responsabilidad profesional por cada operación. Cuando una familia entrega su propiedad a una persona que no está legalmente habilitada, puede quedar mucho más expuesta frente a un conflicto”.
Por eso, dejó una recomendación dirigida a quienes estén pensando en vender un inmueble:
“Si hoy tuviera que hablarle a cualquier vecino o vecina que quiere vender su casa, le pediría solamente dos cosas. Primero, que solicite la credencial profesional del corredor inmobiliario. Segundo, que ingrese al Colegio Profesional correspondiente a la jurisdicción donde se encuentra la propiedad y verifique que ese corredor esté matriculado y habilitado para ejercer. Es un trámite muy simple que puede evitar enormes problemas”.
Y agregó:
“No dejen la casa que construyeron con décadas de esfuerzo en manos de personas que improvisan o que únicamente buscan cerrar una operación. El patrimonio de toda una vida merece ser administrado por profesionales responsables, capacitados y sometidos a controles. Cuando las cosas se hacen mal, las consecuencias son económicas, legales y también humanas”.
Para el corredor inmobiliario, la Argentina necesita fortalecer la seguridad jurídica y combatir el ejercicio ilegal de la profesión, no debilitar las herramientas que hoy protegen a la sociedad.
“El camino correcto es perseguir a quienes estafan, fortalecer los controles, exigir capacitación permanente y darle más transparencia al mercado inmobiliario. No podemos combatir la informalidad eliminando las reglas. Eso sería un grave error”.
Sobre el final de la entrevista, Gonzalo Sanfelippo dejó un mensaje dirigido a los legisladores nacionales:
“Como ciudadano, como corredor inmobiliario matriculado y como alguien que todos los días acompaña a familias que ponen en juego el esfuerzo de toda una vida, quiero hacerle un pedido al Honorable Congreso de la Nación. Si este proyecto llega a ser tratado, rechácenlo con firmeza, con responsabilidad y con la convicción de que su deber es proteger el patrimonio de los argentinos.
No les pido que defiendan una profesión. Les pido que defiendan a quienes tardan veinte o treinta años en comprar su primera vivienda, a quienes venden su casa para comenzar una nueva etapa, a los jubilados que invierten los ahorros de toda una vida y a cada familia que necesita seguridad jurídica para concretar una operación inmobiliaria.
El Congreso no tiene la responsabilidad de proteger a los corredores inmobiliarios; tiene la obligación de proteger a la sociedad. Confío en que, si esta iniciativa llega al recinto, los legisladores actuarán con altura, firmeza y responsabilidad, priorizando el interés de millones de argentinos por encima de cualquier experimento que pueda poner en riesgo su patrimonio.
Cuando está en juego el esfuerzo de toda una vida, no hay lugar para la improvisación. Hay lugar para la responsabilidad, la transparencia y el compromiso con la gente. Espero que ese sea el camino que elija el Congreso Nacional”.