La grave situación de contaminación de la multinacional Stericycle (Trieco S.A.) en Avellaneda tomó trascendencia nacional tras el polémico desalojo y demolición de la vivienda de una vecina histórica y activista ambiental. Diputados presentaron un pedido de informes en la Cámara Baja y ya se advierte sobre una inminente denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por Redacción Multimedio En La Mira
El conflicto que enfrenta a vecinos de Dock Sud y Villa Inflamable con la empresa Trieco S.A. (también conocida mundialmente como Stericycle) experimentó una escalada dramática. Lo que comenzó como denuncias vecinales por contaminación ambiental severa se transformó en un escándalo institucional que ya captó la atención del Congreso de la Nación y se encamina hacia organismos internacionales de derechos humanos.
De Activista Global a Quedar en la Calle
El centro de esta tormenta es María Ducoms, una vecina histórica de la zona cuya lucha contra la contaminación de Trieco ha recorrido el mundo. Sus denuncias, especialmente aquellas que expusieron cómo el arroyo Sarandí se teñía de rojo debido a los vuelcos industriales, fueron levantadas por medios de comunicación de la talla de CNN, Le Monde de París y la televisión alemana Deutsche Welle.
Sin embargo, el hostigamiento contra la activista dio un salto cualitativo. Según denuncian organizaciones sociales y nuestro propio medio pudo confirmar, la empresa habría utilizado sus influencias para “armar una causa” judicial por supuesta usurpación. Esta maniobra derivó en una orden de desalojo ejecutada con violencia, dejando a María Ducoms en la calle junto a su familia, incluyendo a sus tres nietas que presentan discapacidad (CUD).
El Desembarco en el Congreso Nacional
La gravedad de los hechos, que incluyen la demolición total de la vivienda de la familia Ducoms —excediendo presuntamente los alcances de la orden judicial—, motivó la intervención de legisladores nacionales. Nuestro medio confirmó la presentación del expediente N°0914-D-2026 en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
El proyecto de resolución, impulsado entre otros por la diputada Romina Del Plá, solicita al Poder Ejecutivo Nacional que informe con celeridad sobre múltiples puntos oscuros del caso. Entre ellos, se cuestiona por qué se permite el funcionamiento de Trieco para incineración de residuos patógenos si sus hornos estarían clausurados desde 2016 y sus chimeneas incumplirían las leyes provinciales. Además, se pide explicaciones sobre el tratamiento dado a las más de 400 denuncias vecinales que la empresa acumula ante organismos como ACUMAR (que la clasificó como “Agente Contaminante”) y la OPDS.
El pedido de informes también indaga sobre la participación de organismos nacionales en el operativo de desalojo y si se consideró el conflicto de intereses entre las denuncias ambientales de los ciudadanos y la denuncia penal promovida por las empresas presuntamente contaminantes.
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Advertencia a la Empresa: “Se les fue la mano”
Fuentes cercanas al caso confiaron a Multimedio En La Mira detalles de conversaciones mantenidas con la defensa legal de Trieco S.A. Según estas versiones, se les advirtió a los abogados de la multinacional que “este caso se les fue la mano” y que la repercusión superará lo esperado por la compañía.
Se supo que la noticia del desembarco del tema en el Congreso tomó por sorpresa a la defensa de la empresa. La estrategia legal de los vecinos apunta a agotar rápidamente la vía doméstica, argumentando que lo sucedido constituye un claro hecho de violencia institucional terrible que involucra al Ministerio Público Fiscal.
El Horizonte de la CIDH
La demolición de la vivienda familiar se considera un punto de no retorno que corta cualquier posibilidad de solución legal doméstica razonable. Por este motivo, ya se ha notificado a la empresa que el siguiente paso es la presentación formal del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“La idea no es llegar a eso, porque es un bombazo contra el Estado Nacional, pero claramente el Estado nacional después le va a hacer pagar el precio a la empresa”, confiaron fuentes con conocimiento de la estrategia legal. La presentación ante la CIDH representaría una condena internacional para el Estado argentino por no garantizar los derechos humanos de sus ciudadanos frente al accionar corporativo, lo cual podría desencadenar severas sanciones económicas y políticas contra la multinacional.
Ante este escenario de máxima tensión, la exigencia de los vecinos y legisladores es clara: una solución pacífica, armoniosa e integral que garantice los derechos de María Ducoms y su familia, frenando de inmediato las actividades contaminantes de la planta en Villa Inflamable. El caso Trieco ya dejó de ser un problema local para convertirse en una prueba de fuego para la justicia y la política ambiental argentina ante la mirada del mundo.