Un grupo de 41 comerciantes que trabajaban en la feria La Salada, en el sector conocido como “Ocean – El Playón”, en la localidad de Ingeniero Budge, presentó una denuncia penal colectiva ante la Justicia Federal de Lomas de Zamora por haber sido víctimas de una estafa por más de 35 millones de pesos, además de amenazas y coacciones.
La presentación fue realizada en las últimas horas ante la Fiscalía Federal de Lomas de Zamora que se encontraba de turno. Según consta en el escrito, los feriantes acusan a tres personas identificadas como W.G., J.R. y G.R., quienes se habrían aprovechado de una situación de crisis laboral tras la clausura del predio ferial para engañar a los trabajadores con la promesa de ayudarlos a recuperar sus puestos.
De acuerdo a la denuncia, los hechos se remontan a julio de 2025, cuando los puesteros fueron impedidos de retomar su actividad luego del cierre de la feria. En ese contexto, G.R., vecino de uno de los damnificados, habría ofrecido supuestos contactos para “resolver” el conflicto. A partir de allí, facilitó el vínculo con J.R., quien se presentaba como Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de Ferias de la República Argentina (SUTFRA), y con W.G., quien decía ser presidente de la Organización Internacional de Trabajadores Independientes (OITI).
Los denunciantes sostienen que ambas presentaciones eran falsas. En el caso de la OITI, indicaron que se trataría de una organización creada en 2024, sin reconocimiento oficial ni inscripción ante la Inspección General de Justicia ni aval de organismos internacionales.
La maniobra, según el escrito judicial, se desarrolló entre el 7 y el 12 de julio de 2025, mediante reuniones presenciales, mensajes y audios. En ese período, los acusados habrían asegurado tener llegada directa a la fiscal federal Cecilia Incardona y ofrecieron interceder ante la intervención del predio y la Justicia Federal para que los feriantes pudieran volver a trabajar.
La denuncia incluye audios, mensajes, correos electrónicos y documentación que, según los denunciantes, fueron falsificados para dar verosimilitud a las gestiones prometidas. Entre las pruebas se menciona un correo electrónico apócrifo supuestamente emitido desde la Fiscalía Federal N°2 y la confección de un falso amparo judicial con firmas y datos adulterados.
En ese marco, el grupo de comerciantes, integrantes de la Cooperativa Ocean de Provisión para Feriantes y Comerciantes, reunió dos sobres con dinero en efectivo: uno con 12.600.000 pesos y otro con 18.900.000 pesos, que fueron entregados en el domicilio de J.R. en la localidad de Longchamps. Siempre según la denuncia, la entrega se realizó bajo presión y supervisión de los tres acusados, quienes incluso habrían exhibido armas de fuego para reforzar la coacción.
Uno de los testigos señaló que se les exigió concurrir con “25.000 dólares en dos sobres”, condición que se les habría impuesto para avanzar con la supuesta solución. La puesta en escena incluyó, además, la convocatoria a una presunta reunión en la Fiscalía Federal N°2 el 11 de julio. Sin embargo, los feriantes nunca vieron ingresar a W.G. al edificio y luego recibieron mensajes para retirarse, bajo el argumento de que el trámite ya había sido resuelto favorablemente.
Con el correr de los días, las explicaciones derivaron en nuevas exigencias de dinero, bajo el argumento de una supuesta “falta de firma” judicial, y en la amenaza de que sin un pago adicional de 15.000 dólares no recuperarían sus fuentes laborales.
El engaño quedó al descubierto cuando los damnificados lograron comunicarse con la verdadera Secretaria General de SUTFRA, Mariana Berbeglia, quien negó cualquier intervención. A partir de ese momento, según consta en la denuncia, los acusados enviaron mensajes intimidatorios y amenazas de muerte tanto a Berbeglia como a uno de los feriantes, a quien J.R. le habría escrito: “Tu vida es muy fácil de terminar… ¿Sabés lo que vales vos? ¡Un pancho y una coca!”.
Entre las pruebas aportadas figuran capturas de mensajes y correos electrónicos certificadas mediante acta notarial, grabaciones de reuniones y conversaciones telefónicas, filmaciones de la entrega del dinero y copias del falso amparo judicial. También se ofreció la declaración testimonial de los 41 afectados.
En el escrito se imputan a los acusados los delitos de estafa reiterada, usurpación de títulos, tráfico de influencias, falsificación de documentos, asociación ilícita, amenazas, coacción y difamación agravada. Los denunciantes sostienen que se trata de delitos de competencia federal, dado que se invocó la supuesta influencia de una funcionaria judicial federal y se habrían falsificado instrumentos públicos nacionales.
La presentación judicial solicita medidas cautelares urgentes para garantizar la seguridad de los denunciantes, en especial de quienes recibieron amenazas directas. También se mencionan antecedentes penales firmes de W.G., quien habría sido condenado a 20 años de prisión por homicidio y secuestro, y antecedentes de J.R., por lo que se reclama la detención inmediata de ambos por riesgo procesal y posibilidad de reiteración delictiva.
Finalmente, los feriantes pidieron ser tenidos como querellantes particulares para impulsar la investigación, aportar todas las pruebas reunidas y que la fiscal federal Cecilia Incardona sea informada de inmediato sobre la denuncia, ante la gravedad de los hechos cometidos en su nombre.