El 2026 comenzó con una noticia que sacude a la comunidad médica y pone en alerta el sistema sanitario nacional. El equipo técnico que funcionaba como la columna vertebral del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC) fue desarticulado de manera abrupta, dejando acéfala la coordinación de un sistema clave para la supervivencia infantil.
La paradoja de la medida quedó expuesta con el caso de Willy Conejeros Parodi, médico cirujano cardiovascular pediátrico con 15 años de trayectoria en el programa. A pesar de estar de vacaciones, el 1° de enero ingresó al sistema sanitario, como hacía a diario, y detectó el caso de un niño en estado grave que requería derivación inmediata.
Conejeros contactó al personal administrativo y coordinó con el cardiólogo de guardia para asegurar la atención del paciente. Lo que el cirujano desconocía en ese momento es que, mientras trabajaba para salvar una vida, ya no formaba parte del Estado. Se enteró horas más tarde.
Conejeros no fue el único. Los otros seis colegas que garantizaban la cobertura del programa (uno por día, los 365 días del año) también quedaron fuera. La lista de profesionales afectados incluye a Paula Campana, Carlos Fernando Rosental, Silvina Rosellot, Mariana Fernández. Tomas Schwaller, y María Eugenia Olivetti.
La comunicación oficial fue impersonal y, en algunos casos, verbal. Tres de los médicos recibieron un escueto mensaje citando la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, informándoles que “no se encuentra contemplado en el proyecto de acto administrativo de renovación para el período 2026”. Ante este escenario, el resto del equipo decidió darse por despedido.
La decisión generó un fuerte rechazo entre los expertos. La pediatra Ana Speranza, creadora del programa en la Dirección de Salud Perinatal y Adolescencia del Ministerio de Salud, calificó la medida como “imposible de concebir”.
“Es el programa que mejor funciona en el país para resolver la patología cardiológica infantil, sea intraútero o después de que el bebé nace; no se entiende”, lamentó Speranza, destacando la eficiencia de una red que lleva más de una década salvando vidas.
Por su parte, la Asociación Argentina de Salud Pública emitió un comunicado urgente manifestando su profunda preocupación e instando a las autoridades nacionales a revertir la medida, al advertir sobre el riesgo que implica la pérdida de profesionales superespecializados en un área tan sensible.