La estructura del Estado nacional registró una reducción del 17% entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, período en el que la plantilla pasó de 341.473 a 282.570 empleados. En total, se eliminaron 58.903 cargos bajo la gestión de Javier Milei, de acuerdo con los datos difundidos oficialmente. Según el economista Nadin Argañaraz (IARAF), el proceso mostró “caídas mensuales consecutivas durante todo el período”, lo que evidencia la continuidad del ajuste administrativo.
El recorte se distribuyó en distintos segmentos del sector público. Las empresas y sociedades del Estado concentraron el 34% de la caída, mientras que la administración descentralizada aportó otro 33%. Por su parte, la administración centralizada redujo un 26%, lo que equivale a 15.519 puestos menos. El Gobierno sostiene que la estrategia apuntó a reducir estructuras superpuestas y limitar gastos operativos.
Empresas públicas y organismos con mayores bajas
Entre los organismos más afectados figuran áreas con alta dotación histórica. El Correo Oficial perdió 5.114 empleados, seguido por Operadora Ferroviaria S.E., que registró 3.353 bajas. La AFIP, actualmente rebautizada como ARCA, redujo su plantilla en 3.112 trabajadores, mientras que el CONICET contabilizó 1.958 puestos menos.
Otras entidades de peso, como el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas, mostraron reducciones cercanas a los 1.900 empleados cada una. En paralelo, algunos organismos fueron directamente eliminados o quedaron sin dotación, entre ellos Télam S.E., el INADI, Desarrollo de Capital Humano Ferroviario y INAFCEI, lo que implicó la disolución de sus estructuras administrativas.
Proyecciones y continuidad del ajuste en 2026
Para el próximo año, el Gobierno anticipa que el proceso de racionalización estatal continuará. Las proyecciones oficiales estiman un recorte adicional del 10% en la planta pública durante 2026, con foco en la no renovación de contratos cuyo vencimiento operará en diciembre.
El Poder Ejecutivo plantea que la reducción apunta a mejorar la eficiencia y contener el gasto público. En esta etapa, la principal herramienta será la revisión contractual, en línea con la política aplicada desde fines de 2023. Según funcionarios del área, la intención es consolidar un esquema administrativo más acotado, con menos estructuras y mayor control del gasto corriente.