La desaparición durante varios días del funcionario judicial de Avellaneda, Gustavo Daniel Jauregui, generó conmoción en el ámbito judicial y en la comunidad local. Aunque en las últimas horas se comunicó con la fiscalía para confirmar que estaba con vida, el caso expuso denuncias de presunto hostigamiento laboral contra su superiora, la defensora general Shilda Maltas.
Jauregui, secretario judicial, había sido reportado como desaparecido tras dejar una extensa carta en un grupo de WhatsApp de empleados judiciales. En ese escrito denunció un “sistemático hostigamiento y violencia laboral” por parte de Maltas, señalando episodios como la negativa injustificada a otorgarle vacaciones, el retiro de pertenencias personales de su oficina y descuentos salariales en períodos de licencia o teletrabajo.
En la misiva, Jauregui relató: “Me cansé de luchar por algo tan simple como poder trabajar sin violencia y ser respetado, ya no como secretario, sino como un ser humano. El objetivo de la doctora Maltas era muy claro: que yo no pertenezca más al Poder Judicial”.
El funcionario aseguró que estas situaciones deterioraron su salud mental y lo llevaron a un límite emocional: “Por eso me despido de este mundo, ya que no tolero más nada de todo esto”. Sin embargo, tras la difusión de su carta y el flyer oficial de búsqueda, se comunicó con el fiscal Mariano Ciuto para confirmar que estaba con vida.
Pese a esta señal, fuentes judiciales confirmaron que la búsqueda continúa activa, ya que se desconoce su paradero físico. Mientras tanto, la denuncia pública de Jauregui abrió un fuerte debate sobre el clima laboral dentro del Poder Judicial de Avellaneda-Lanús y el rol de las autoridades.
La defensora general Shilda Maltas, apuntada directamente en la carta, aún no brindó declaraciones públicas sobre las graves acusaciones que pesan en su contra. Desde distintos sectores gremiales y del ámbito judicial se espera una pronta respuesta, mientras compañeros de trabajo de Jauregui admiten que estaban al tanto de sus conflictos y manifestaron preocupación por su estado.
El caso no solo plantea interrogantes sobre la salud y la seguridad de Jauregui, sino también sobre los mecanismos de control y protección frente a denuncias de maltrato en el Poder Judicial.