La semana pasada, un hecho que ya se volvió viral en redes sociales llamó la atención de toda la ciudad de Avellaneda. Lo que parecía un simple conflicto comercial terminó convirtiéndose en un caso insólito: la Municipalidad, a través de Defensa del Consumidor, decidió actuar de manera extrema contra una comerciante local.

Vanessa Prieto, propietaria de Semicón, un comercio familiar con 37 años de trayectoria en Avellaneda, relató al aire en La Voz del Vecino cómo la situación se volvió insostenible:

“Tuvimos un conflicto menor con un cliente que tratamos de resolver vía mail, pero el cliente dejó de comunicarse. De repente, nos llegó una preimputación directa a la empresa. No tuvimos ninguna audiencia, en ningún momento nos notificaron de nada.”

El conflicto comenzó por la compra de una cinta de correr, que el cliente alegaba que no funcionaba correctamente. Semikón ofreció revisar el equipo sin cargo y explicó que podía tratarse de un mal uso del producto, pero lejos de solucionar el problema, la municipalidad dictó una condena millonaria: 37 millones de pesos y la obligación de publicar la resolución en el diario de mayor circulación del país, algo que Prieto describió como “un escarmiento para destruir nuestra marca”.

“Fue desesperante. Nos encontrábamos ante un monstruo que no seguía las leyes. Ante esto, viralizamos el caso para que la gente entendiera la magnitud de lo que estaba pasando,” contó Vanessa.

Tras la viralización, la municipalidad se comunicó con Semicón y se comprometió a revocar la condena, aunque hasta el momento no pudieron explicar el criterio para la imposición de la millonaria multa. Prieto explicó que anteriormente las municipalidades tenían potestad de multar hasta 5.000 sueldos básicos sin necesidad de justificar los montos, algo que la Ley Bases modificó para limitar este tipo de abusos.

“Creo que la municipalidad simplemente quería recaudar, y lo hizo de manera deshonesta. No fue un tema ideológico, sino de conveniencia. Por suerte, la Ley Bases puso un freno a estas locuras,” agregó Vanessa.

El comercio ya contactó al cliente para solucionar el conflicto original y espera que la municipalidad formalice la revocación de la condena. Vanessa advirtió además que, ante este tipo de situaciones, algunas municipalidades están pasando de imponer multas administrativas a reclamar daños y perjuicios, trasladando el conflicto al ámbito civil.

Semikon continúa con su actividad normal, ofreciendo equipos de fitness y servicios a la comunidad de Avellaneda. Su página web es www.semikon.com.ar.

Este caso deja en evidencia la necesidad de mayor transparencia y respeto por las leyes por parte de los municipios, así como el poder de las redes sociales como herramienta de denuncia y defensa de los comerciantes frente a decisiones arbitrarias.

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