Tras más de tres horas de deliberación, un jurado popular declaró culpable a Juan Alberto García Tonzo, policía bonaerense, por el asesinato de Bastián Escalante Montoya, de 10 años, ocurrido en julio de 2024 en Wilde. La decisión se conoció en el Tribunal Oral N°4 de Avellaneda, y marca un paso clave en la búsqueda de justicia por la muerte del menor.
El crimen ocurrió alrededor de las 20 horas del 10 de julio, cuando García Tonzo fue abordado por al menos cuatro jóvenes que intentaron robarle la moto. Según la investigación, el policía repelió el ataque inicial con su arma reglamentaria, pero continuó disparando mientras los agresores huían. En ese momento, uno de los proyectiles alcanzó a Bastián, quien circulaba en bicicleta junto a su madre por la calle Caxaraville. La herida fue fatal, y la madre recordó angustiada: “Cuando llegamos a la esquina de Rondeau, mi hijo me dijo ‘Ay ma’ y cayó al piso. Ahí me di cuenta de que estaba lastimado en el cuello”.
Las pericias balísticas confirmaron que todos los cartuchos hallados, incluido el proyectil mortal, provenían del arma de García Tonzo. El fiscal de la causa, Juan Ignacio Colazo, había pedido que el policía fuera juzgado por homicidio con dolo eventual y tentativa de homicidio en exceso de legítima defensa, al considerar que si bien la reacción inicial podía ser legítima defensa, la continuidad de los disparos una vez neutralizada la agresión expuso a terceros a un peligro mortal.
La querella, encabezada por Matías Morla, abogado de la madre de Bastián, solicitó la pena máxima: prisión perpetua, argumentando que el homicidio fue agravado por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido por un integrante de una fuerza de seguridad.
Tras conocer el fallo, Johana Escalante, madre del niño, expresó: “Estamos en paz y conformes con el fallo. Este es un paso fundamental en la búsqueda de justicia para Bastián”.
El caso generó gran repercusión en la comunidad de Avellaneda y pone de relieve la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en situaciones de riesgo, así como la necesidad de establecer límites claros en el uso de armas por parte de agentes del Estado.