Al reclamo de los afiliados por los recortes en las prestaciones y las demoras en los reintegros, el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) sumó esta semana el pedido de pago una millonaria deuda que contrajo con el Hospital Garrahan, uno de los centros pediátricos más importantes a nivel nacional.
Es que, ante las numerosas protestas de los profesionales de la salud del Garrahan por aumentos salariales e incrementos en el presupuesto del nosocomio, el Gobierno nacional de Javier Milei dio a conocer una deuda por $10.510 millones que mantienen 23 obras sociales. De esa lista de mutuales, el IOMA es el que más dinero adeuda.
De acuerdo a los datos difundidos desde Casa Rosada, el 40% total de los fondos que solicita el Poder Ejecutivo para el Garrahan corresponde al IOMA, lo que se traduce en $4.500 millones.
A esa suma, le sigue el Instituto de Previsión Social de Misiones por algo más de $1511 millones, la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) de Catamarca con más de $845 millones, la Dirección de Obra Social del Estado Provincial (Dosep) de San Luis por unos $508 millones y el Instituto de Seguros de Jujuy en más de $610 millones.
El resto de las coberturas con montos por cubrir son la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross) de Córdoba con $204 millones, el Instituto de Obra Social del Empleado Provincial (Iosep) de Santiago del Estero por un valor de más de $129 millones, el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS) con otros casi $255 millones y la Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz, que adeuda $150 millones.
En ese marco, en las últimas horas, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, se hizo eco de esta supuesta deuda y aseguró que el gobierno de Milei mintió con el monto total. “Como no quieren resolver la situación del Hospital Garrahan, ahora mienten señalando a la Provincia”, fustigó.
Según expresó el funcionario de La Cámpora, en este 2025 el Garrahan le facturó al IOMA $1.268 millones, de los cuales la obra social que dirige el también kirchnerista Homero Giles, ya pagó $1.006 millones. “No digan mentiras y sean responsables. Resuelvan la situación del hospital pediátrico más importante del país”, exigió Kreplak.
No obstante, la deuda que refiere la gestión nacional data de 2017 a partir del impacto judicializado de $2.500 millones, que forman parte de los $4.500 totales. De todas formas, el monto de 2024 es el más alto de la serie y supera los $1900 millones.
Lo cierto es, que el IOMA tendrá que afrontar el pago de esa deuda mientras los afiliados bonaerenses siguen clamando por mejoras en la atención médica de la obra social, que deberá definir si se enfocará primero en el Garrahan o en los más de 2 millones de usuarios de toda la provincia de Buenos Aires.
IOMA atraviesa una crisis que se profundiza año tras año y que hoy afecta a miles de afiliados en toda la provincia de Buenos Aires. En efecto, las complicaciones con los policonsultorios, desde la poca cobertura hasta la demora de turnos, se repiten en varios distritos y golpean especialmente a las poblaciones más vulnerables. Aunque algunos municipios figuran más complicados que otros, la falta de atención oportuna ya se volvió una postal cotidiana que revela el deterioro del sistema.
Para afrontar los conflictos como la falta de pagos a prestadores, las restricciones de prácticas médicas y la imposibilidad de garantizar turnos básicos, el titular del IOMA, Homero Giles, promovió la llegada de los policonsultorios gestionados por la Asociación Civil de Establecimientos Asistenciales y Prestadores Privados (ACEAPP).
Lejos de resolver los problemas, la creación de estos centros empeoró la situación y a cuatro años de aquel inicio fallido, la situación lejos está de haberse solucionado: gran parte de los médicos que atendían por IOMA decidieron romper el vínculo con la obra social provincial ante los retrasos en los pagos y la falta de previsibilidad.
Además, la supuesta regularización de coberturas, uno de los principales objetivos con los que ACEAPP se creó, nunca se materializó, mientras tanto, la precariedad se hizo tan evidente que los afiliados marcharon para exigir respuestas frente a los recortes de prestaciones y la falta de medicamentos, en una protesta que ni el frío polar pudo frenar.
Como consecuencia, los turnos pueden demorar hasta dos meses, y los pacientes se ven obligados a pagar consultas particulares o recurrir a los policonsultorios, que también exhiben serios problemas de capacidad y organización. El resultado es un sistema de salud provincial cada vez más degradado, que pone en riesgo derechos básicos mientras se diluyen los recursos en intermediaciones y estructuras paralelas.