La clausura de la feria más masiva de América Latina tiene como telón de fondo una exigencia de Estados Unidos contra la comercialización de mercancías ilegales.
La clausura del predio donde funciona la feria de La Salada generó malestar entre los miles de puesteros que comerciaban allí productos, pues la decisión judicial pone en riesgo sus medios de vida, que apenas les alcanzan para subsistir en la mayoría de los casos.
Como respuesta a dicha acción, que tiene como trasfondo a la detención de Jorge Castillo, “El rey de La Salada”, y su clan, cientos de feriantes se agruparon para llevar adelante protestas en la zona de Camino Negro y Puente La Noria entre los días lunes y martes. Lo cual agrega aún mayor tensión social.
Desde el Gobierno siguen la situación y barajan posibles soluciones, pero ninguna de ellas implica la reapertura del predio, que se clausuró con el telón de fondo de una exigencia clave de Estados Unidos para cerrar un acuerdo comercial que implique la baja de aranceles: el cierre de La Salada, que es la mayor feria de comercialización de mercancías ilegales y contrabandeadas en América Latina.
Sin embargo, más allá de los multimillonarios negociados del clan Castillo y la exigencia de la Secretaría de Comercio de Estados Unidos, hay miles de trabajadores informales que dependían de lo que vendían en el predio para vivir.
Frente al drama social abierto por el cierre de la feria, en la Casa Rosada no piensan en reabrirla, ya que ello pondría en entredicho el cumplimiento del pedido de EE.UU., pero si piensan en reubicar a los feriantes en distintos lugares para que puedan seguir con su trabajo.
De esta manera, se analiza la posibilidad de que los puesteros sean relocalizados en otras zonas del Municipio de Lomas de Zamora u otros partidos colindantes del Conurbano.
La finalidad última es que los feriantes no se sumen, en tanto movimiento social, a las marchas que las agrupaciones de jubilados y la izquierda llevan adelante contra el Gobierno cada miércoles frente al Congreso.