Con dos transferencias, la central de inteligencia completó la devolución de los fondos que, según fuentes oficiales, no fueron utilizados.
Luego de que el Senado rechazara el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que asignaba $100.000 millones a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), el organismo, encabezado por Sergio Neiffert, devolvió $80.000 millones al Tesoro Nacional en dos transferencias realizadas el 7 y 9 de octubre.
La devolución se produjo en dos etapas: un primer monto de $70.000 millones transferido el 7 de octubre y un segundo envío de $10.000 millones dos días después, cumpliendo con la directiva del Ejecutivo de restituir los fondos tras la cancelación de asignaciones específicas, principalmente destinadas a la adquisición de equipamiento tecnológico. Fuentes cercanas a la presidencia señalaron que el 78% de esos fondos estaba orientado a modernizar áreas tecnológicas en la SIDE, un plan cancelado luego de la negativa en el Senado.
Propuesta de reforma en el presupuesto de Inteligencia
En medio de esta controversia, el Gobierno ha solicitado aumentar el presupuesto para la SIDE en el proyecto de Presupuesto 2025, estableciendo un monto de $197.238 millones para su funcionamiento. Este incremento está orientado a financiar la reestructuración de la SIDE en cuatro nuevas agencias: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos (DAI), esta última aún sin titular.
El asesor Santiago Caputo y el secretario de Estrategia Nacional, José Luis Vila, han estado a cargo de diseñar esta reestructuración, que apunta a diversificar y descentralizar las áreas de inteligencia, según confirmaron fuentes oficiales. La Casa Rosada plantea que el próximo titular de la DAI sea un juez federal, aunque el nombramiento ha encontrado trabas debido a la falta de consenso en torno a los posibles candidatos, entre los que se mencionaron Sandra Arroyo, Ariel Apolo y Jorge Rodríguez.
Nuevas normativas para la rendición de cuentas
Una de las principales propuestas del Ejecutivo para la SIDE es la implementación de un sistema de rendición de cuentas por misión y operativo. La reforma exige que, al finalizar cada misión, los agentes entreguen los sobrantes de presupuesto asignados y rindan cuenta de los gastos de manera transparente. Este nuevo sistema apunta a reducir el margen de discrecionalidad sobre el uso de fondos reservados, que históricamente han sido motivo de cuestionamientos por falta de transparencia en su ejecución.
Además de esta medida, el Gobierno está trabajando en una reestructuración del personal de inteligencia. Sergio Neiffert, titular de la SIDE, ya ha procedido a poner en disponibilidad a 147 agentes de la anterior gestión, muchos de ellos vinculados a sectores clave como análisis, contrainteligencia, reunión y apoyo. La SIDE, que actualmente cuenta con 1800 agentes, busca reducir la plantilla a aquellos que se alineen con la nueva visión de Inteligencia impulsada desde la presidencia.
Antecedentes de la devolución y contexto político
La decisión de la SIDE de devolver los fondos reservados asignados a través del DNU se dio tras varias semanas de debate interno en el Gobierno. En un primer momento, la Casa Rosada analizó opciones para mantener el decreto en vigor, sin embargo, las presiones de la oposición y la falta de respaldo en el Senado impulsaron su derogación.
El oficialismo, por su parte, ha defendido la necesidad de aumentar el presupuesto de la Inteligencia en el marco de la creciente complejidad de los desafíos en materia de seguridad nacional. La división en agencias especializadas busca, según explicaron fuentes del Gobierno, optimizar el uso de recursos y ampliar las capacidades de la SIDE en áreas tecnológicas, cibernéticas y de contrainteligencia.
La medida también apunta a una modernización de las estructuras internas, adaptando la SIDE a los estándares internacionales en el manejo de fondos y transparentando sus actividades. Desde el entorno de Neiffert, aseguran que estos cambios son fundamentales para llevar adelante la misión de Inteligencia del Estado bajo un marco legal y transparente que permita la supervisión efectiva de los fondos públicos destinados a la seguridad nacional.