En las últimas horas, la Unión Cívica Radical (UCR) ha hecho pública una grave denuncia contra la Municipalidad de Avellaneda, la cual exige la presentación de la Tasa de Servicios Generales (TSG) al día como requisito para inscribir a los niños en jardines de infantes municipales. Esta medida ha generado una gran polémica, ya que vincula el estado contributivo de las familias con el acceso a la educación, lo cual para muchos sectores representa una vulneración de derechos fundamentales.
El conflicto comenzó a tomar relevancia cuando, tras el anuncio de la apertura de inscripciones para el ciclo lectivo 2024/2025 en las instituciones municipales de Avellaneda, la UCR detectó la inclusión de un requisito inusual: la presentación del comprobante de la TSG, más conocida como ABL, al día. Esto fue recibido con preocupación tanto por los padres como por sectores de la oposición política.
La carta enviada al Director General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, con copia a diversas autoridades, detalla esta irregularidad y exige respuestas claras y acciones concretas para garantizar que la educación no quede sujeta a la situación fiscal de las familias. Diego Martínez, Consejero General de Educación de la Provincia por la UCR, fue el encargado de hacer la presentación formal, solicitando que se rectifique esta medida que, según el partido, contradice el derecho a la educación.
En su misiva, la UCR destaca que los Jardines de Infantes Municipales (JIM) y los Centros Educativos Municipales (CEM) de Avellaneda, si bien dependen del municipio, son parte del sistema educativo provincial y están registrados bajo la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP). La carta subraya que “no puede ser un impedimento para la inscripción de los alumnos la condición fiscal o contributiva municipal de los padres”, y que la Municipalidad tiene otros mecanismos legales para reclamar el pago de tasas, sin necesidad de condicionar el acceso a la educación.
Además, la UCR pide a Sileoni que se investigue el caso y se informe sobre los requisitos correctos para la inscripción en instituciones educativas gestionadas por municipios en toda la provincia, a fin de evitar que esta situación se repita.
Este caso ha puesto en tensión la relación entre las necesidades fiscales de los municipios y los derechos de los ciudadanos, especialmente en sectores más vulnerables. Por su parte, la Municipalidad de Avellaneda aún no ha dado declaraciones oficiales al respecto, pero se espera que este tema sea parte del debate público en los próximos días, ante el inminente inicio de las inscripciones.
La educación como derecho fundamental está nuevamente en el centro de la escena, y las respuestas de las autoridades serán clave para resolver un conflicto que afecta a miles de familias en Avellaneda.