La Corte Suprema británica rechazó el pedido de los abogados locales en el marco de la sentencia por la falsedad de los datos del INDEC durante la gestión de Guillermo Moreno.
En un nuevo revés en la justicia internacional la Argentina deberá pagar una multa que supera los 1.500 millones de dólares, a bonistas e inversores extranjeros que denunciaron irregularidades en las cifras que brindaba el Gobierno de Cristina Kirchner, en el marco de la causa conocida como “Cupón PBI”.
La Corte Suprema del Reino Unido rechazó un pedido de los abogados argentinos para apelar una sentencia que obliga al actual Gobierno a pagar la multa de 1.300 millones de euros, más los intereses, por la manipulación de datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), cuando Guillermo Moreno estaba al frente.
Con este fallo del supremo tribunal británico el país agota todas las instancias de apelación judicial, por lo que solo le queda generar un acuerdo con los bonistas para solventar el pago de la multa y evitar que los demandantes ejecuten la garantía de 313 millones de euros que Argentina depositó en marzo para seguir el camino de la apelación, que este martes quedó finalmente desestimada.
Por lo que ahora, la gestión de Javier Milei debe definir si paga la sentencia de 1.330 millones de euros a los acreedores o se arriesga a que el país deba entrar en default, como ocurrió en el 2014 cuando el juez de Nueva York (Estados Unidos), Thomas Griesa tomó una serie de medidas cautelares por la cesantía como retener la Fragata Libertad en un puerto extranjero o embargar bienes del Estado en el exterior.
Vale recordar que la demanda contra la Argentina surgió, luego de que en 2014 el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, eligiera cambiar la fórmula de cálculo del crecimiento, haciendo que los cupones no pagen los intereses por el dato del año 2013.
A partir de allí se inició un camino judicial en contra del país por parte de quienes adquirieron los bonos, que culminó en la Corte Suprema británica para apelar la sentencia del 2023 que determinaba que Argentina debía hacerse cargo del pago de las pérdidas de los accionistas y sus intereses que hoy se estima en unos 1.500 millones de dólares.