En medio del debate legislativo, el Ejecutivo continúa exigiendo responsabilidad al Congreso, mientras se reitera la preocupación por el déficit fiscal.
El Gobierno nacional está intensificando su estrategia para asegurar que el veto a la Ley de Financiamiento Universitario sea ratificado en el Congreso. Este fin de semana, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expresó sus críticas a la norma que propone un aumento en el presupuesto de las universidades, argumentando que podría poner en peligro el objetivo del déficit cero.
En este sentido, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, también se pronunció, instando a los legisladores a actuar con responsabilidad en la discusión de la ley.
“Es fundamental que el Congreso no apruebe una ley sin contar con los recursos necesarios para su financiamiento”, declaró Torrendell en una entrevista radial. Resaltó que la legislación carece de claridad sobre la fuente de los fondos que se destinarían a las universidades. El secretario argumentó que el Poder Legislativo tiene la oportunidad de aumentar el financiamiento educativo al reorientar recursos de otros sectores del gasto público, subrayando que la solución no es tan complicada.
Francos, por su parte, defendió la posición del presidente Javier Milei, asegurando que el veto no busca atacar la educación pública, sino garantizar una gestión más eficiente de los recursos del Estado. “Lo que el Gobierno busca es asegurar que cada peso se invierta de manera correcta y transparente”, enfatizó en declaraciones a la prensa.
La discusión sobre la ley se intensifica en un clima de incertidumbre. Si el Congreso decidiera rechazar el veto y ratificar la ley, el futuro del financiamiento universitario podría complicarse aún más. Torrendell advirtió sobre las posibles repercusiones legales si se desatienden los procedimientos adecuados para la asignación de fondos, mencionando que podría haber una argumentación jurídica que respalde la posición del Gobierno.
“Es crucial asignar recursos de manera sensata. Aumentar el financiamiento educativo sin un criterio claro podría llevar a un ajuste más severo que el actual”, agregó el secretario de Educación. Señaló que, a pesar de la necesidad de incrementar los salarios de los docentes universitarios, las actualizaciones no pueden hacerse a expensas de la emisión monetaria o el endeudamiento.
A medida que la presión aumenta, los bloques de la oposición en el Congreso se organizan para intentar reunir la mayoría necesaria que permita rechazar el veto presidencial. En este sentido, el PRO se encuentra en discusiones internas sobre su posición frente a la decisión del Gobierno, mientras algunos legisladores ya han manifestado su intención de votar en contra del veto.
“Es importante que el Parlamento funcione como un verdadero reflejo de la voluntad popular, y eso implica dialogar con todas las fuerzas políticas”, sostuvo el diputado Álvaro González, anticipando su voto a favor de la insistencia en la ley.
El Gobierno, confiando en el respaldo de los “87 héroes” que apoyaron el rechazo a la reforma jubilatoria, se mantiene firme en su posición. Torrendell, en un tono optimista, expresó su convicción de que el PRO reconsiderará su postura y buscará una solución viable para todos.