Política

Comunicado de la Federación Latinoamericana de Fiscales sobre el caso de Diego Luciani y Sergio Mola

La “Federación Latinoamericana de Fiscales”, viene reiterando hace tiempo, con profunda preocupación, que, en varios países de la región, en donde se realizaron imputaciones a personas con alta trascendencia social o a integrantes de los cuadros superiores de organizaciones transnacionales delictivas, se ha pretendido atacar las investigaciones judiciales, desacreditando o amedrentando la persona de los operadores, en especial a los fiscales.

 

Consecuentemente, se observó, en varias oportunidades, que se instaló un indebido hostigamiento mediático e institucional en contra de los Fiscales, desacreditándolos o amenazándolos con sumarios administrativos y juicios políticos basados en impugnaciones genéricas y aparentes, que tienen poco pronóstico de éxito en los remedios recursivos propios de un proceso judicial, con el fin de alterar el correcto desarrollo de la función judicial.

 

En este sentido, se debe puntualizar que “la independencia judicial constituye un derecho humano”, amparado en el artículo XXVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por ello, la Democracia para su existencia exige del orden estatal el debido respeto a la separación de poderes, que permita el trabajo de los frenos y contrapesos.

 

La independencia e imparcialidad de los fiscales es una obligación de la República, que se debe plasmar en asegurar que aquellos puedan ejercer sus funciones sin ser objeto de injerencias indebidas, en concreto por parte de los poderes ejecutivo y legislativo o cualquier otro sector de poder.

 

En este orden de ideas, cabe resaltar que la vinculación de los ataques con personalidades del ámbito de la política que fueron sometidas a proceso, permite sospechar con claridad objetiva que existe una aparente intención de contaminar las investigaciones sobre importantes hechos de corrupción y cercenar las capacidades investigativas de la Fiscalía.

 

En ese marco, hemos observado que, en estos días, el Señor Presidente de la Nación Argentina, durante el juicio oral y público (Caso: 2833, caratulado "Fernández de Kirchner; Cristina y otros s/ infracción arts. 173 y 210 del Código Penal"), después que los fiscales realizaran su alegato, emitió un comunicado oficial, en donde sostuvo que “El Gobierno Nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad…”, adoptando la condición de parte, aún antes de la participación de las defensas y desacreditando irregularmente las manifestaciones del Ministerio Público Fiscal.

 

Dichas expresiones ponen en tensión los principios de un Estado de Derecho, constituyendo una injerencia indebida en la tarea judicial, máxime que el Poder Ejecutivo, es el encargado de asegurar la integridad física de los fiscales, su familia y colaboradores.

 

Por ello, convocamos a la comunidad jurídica de la región a estar alerta sobre la reiteración de estas irregularidades, exhortando a una prudencia especial, en este caso, de los organismos competentes de Argentina, de modo tal que eviten que sus conclusiones afecten a los procesos penales en marcha, y pongan en riesgo los principios republicanos, al admitir que presiones intolerables traten de afectar la independencia e imparcialidad del Ministerio Público Fiscal.

 

Este llamado de atención, en modo alguno pretende establecer una defensa corporativa de ningún fiscal o magistrado judicial, por el contrario tiene el objetivo de poner de manifiesto la defensa de la institucionalidad y legalidad que les corresponde a los fiscales en el legítimo ejercicio funcional, en defensa de lo establecido en las constituciones nacionales y las leyes reglamentarias que rigen su ejercicio.

 

Se deja constancia, que, en la actualidad, la FLF está integrada por asociaciones de once países, a saber: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

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