Opinión

La seguridad es una de las obligaciones del Estado

Las medidas anunciadas por el gobierno ponen demasiado énfasis en lo cuantitativo y descuidan lo cualitativo.

Por Dra. Verónica Ottaviano

El presidente Alberto Fernández anunció con bombos y platillos  un programa tendiente a   controlar la seguridad en el conurbano bonaerense en el que dispensara unos cuantos millones de pesos en elementos como patrulleros, establecimientos carcelarios, cámaras y tecnología de vigilancia.

En su discurso expuso lo que un sector importante de la población quiere escuchar. Desde un punto de vista semántico los enunciados que el mandatario señaló de tan contundente manera no admiten una interpretación coherente.

Algunas frases dichas con la referida firmeza demagógicamente dirigidas merecerían todo un tratamiento por separado: “El delito surge en sociedades desiguales”, “la desigualdad favorece el delito”, lo que resulta  una antinomia frente a  “no delinquen solo los pobres” y “el delito no es patrimonio de los pobres”.  Un típico caso de discriminación negativa. No es necesario afirmar lo evidente.

Es indiscutible que el delito no les pertenece a los pobres como también es evidente que la presencia policial que se pretende reforzar no es solución de fondo alguna para paliar la plaga de la delincuencia.

Estos días nos hemos conmovido con el macabro hallazgo de los restos de Facundo Astudillo Castro enterrado en lo que aparenta ser una fosa común de la policía bonaerense. Lamentablemente no ha sido un caso aislado. En esta cuarentena se están investigando al menos nueve muertes por las que están denunciados miembros de fuerzas de seguridad. Por otro lado  la ONG Amnistía Internacional reveló más de 30 casos de “violencia institucional y uso excesivo de la fuerza”.

Este indicador solo es un mínimo exponente de los casos de abuso de poder  que han ocurrido durante este tiempo en que, por efecto del ASPO, los agentes policiales percibieron que tenían una cuota de poder mayor que la habitual. La mayoría ocurren en las ciudades más alejadas de la capital y las víctimas no denuncian por miedo.

Verdades de Perogrullo que endulzan ciertos oídos son las frases “no queremos justicia selectiva”, “Saldremos con el código penal en la mano”, “que el delincuente sepa que lo estamos mirando” (cual panóptico de Foucault).

Me preocuparía pensar que se utilice otro sistema de justicia que no sea el establecido en los códigos que componen nuestro ordenamiento legal, como así también que la justicia no cumpla imparcialmente su rol. Pero aún más inquietante resulta el hecho de que esos anuncios se emitan como una novedad absoluta, y que no se advierta que el fuego no se apaga con más fuego sino con una implementación real de la normativa, capacitación, buen sueldo y selección estricta de los miembros de la fuerza de seguridad (psicodiagnóstico incluido).

En este esquema no se puede obviar que, no casualmente,  los países que registran menor cantidad de delitos son paradójicamente aquellos en los cuales los policías no portan armas como por ejemplo Finlandia y Nueva Zelanda. La diferencia está en las bases, no en lo paliativo. 

Hacer más cárceles no soluciona el tema estructural. ¿Es que ahora no se detiene a los maleantes por falta de espacio?  ¿O encerrarlos a todos en un mismo lugar  puede ser una solución a largo plazo?

Salvando las distancias vale la grotesca comparación histórica para graficar ciertas ineficacias metodológicas: Vlad Tepes (príncipe que inspiro la leyenda del Conde Drácula)  en el siglo XV utilizó una técnica para eliminar la pobreza en sus territorios y acabar con los robos  que consistió en eliminar literalmente a los pobres. Organizó un festín para a todas las personas de bajos recursos y enfermas y así las reunió en un solo sitio. Una vez que culminaron de comer les preguntó ¿Quieren vivir sin preocupaciones y sin que les falte nada?, ante la unísona respuesta afirmativa cerró las puertas del recinto donde estaban y lo prendió fuego incinerando a todos sus ocupantes. Nadie quedó con vida.

Habiendo transcurrido varios siglos de evolución y analizando sociedades  donde los hechos de inseguridad se suceden de manera muy aislada estamos en condiciones de afirmar que la mejor prevención  del delito es la educación. Un  discurso digno de efusividad sería aquel que anunciara  un plan serio  de formación académica integral, erudita e inclusiva, lejana al modelo matemático de las maestras que erraron reiteradas veces en multiplicaciones muy simples y cometieron un sinfín de “horrores” ortográficos en el canal público.

La seguridad no se anuncia. La seguridad se garantiza. Y no es un dispendio de voluntad por parte del gobernante de turno que merezca aplausos y atención pública: es una de las obligaciones del Estado.



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