Opinión

Privados del derecho a la propiedad

Alentados por una interpretación muy laxa de la "justicia social", se suceden de forma alarmante la toma de tierras y viviendas en nuestro país.

Por Dra. Verónica Ottaviano

Marcela heredó de su madre un terreno en las afueras de Wilde donde habían construido dos austeros departamentos con el fin de alquilarlos. También heredó los inquilinos de uno de esos departamentos, contra quienes consiguió una orden de desalojo. Habían dejado de pagar el alquiler cuando su madre todavía vivía.  Ella misma había empezado el trámite cuando la sorprendió la muerte. 

Pero los inquilinos ya habían sido asesorados y supieron burlar la orden construyendo en otro lugar del terreno, no alcanzado por la medida (que especificaba el departamento 2). Incluso, han empezado los trámites para quedarse definitivamente con la vivienda mediante la usucapión.

La prescripción adquisitiva de dominio, o usucapión, es una forma prevista legalmente para adquirir la titularidad de un bien inmueble por el transcurso del tiempo, siempre que se demuestre que transcurrió el plazo previsto, que durante ese tiempo nadie con mejor derecho reclamo por dicha posesión y que públicamente el ocupante se ha comportado como dueño. Carece de importancia que hubiese existido o no buena fe.  Todos estos supuestos deben ser demostrados y acreditados en un juicio y la sentencia judicial debidamente inscripta hace las veces de escritura.

Aunque existe en nuestro país el delito de usurpación, para tipificarse necesita inexorablemente el  presupuesto de haber mediado fuerza o dolo para el ingreso al inmueble. Y las garantías del proceso penal (siempre con las presunciones a favor de quien delinque) en la mayoría de los casos impide el avance de esta acción.

Obviamente el espíritu de la ley no coincide con los cada vez más frecuentes abusos en materia de ocupación.

El respeto a la propiedad privada, inviolable conforme lo enuncia el artículo 17 de nuestra Constitución Nacional, ha ido cediendo terreno al concepto social relacionado a la vivienda

Es claro que cada persona por el mero hecho de ser tal tiene derecho a una vivienda digna. Pero entendemos que el estilo Robín Hood no se ajusta a los parámetros de justicia para quienes han sostenido con su trabajo la construcción o compra de un bien inmueble, ahorrando “en ladrillos” como mandaba toda una cultura que nos precedió, muy marcada por el aporte de inmigrantes. Tampoco ese derecho legitima a que una turba de gente proceda a ocupar terrenos estatales.  Esa sincronía nos ilustra un consentimiento político imprescindible.

Intuimos que enarbolar ciertas banderas  puede ser políticamente redituable  pero es necesario advertir ciertos peligros de este enunciado. Hoy vemos lo que está sucediendo en el Bolsón: decenas de hectáreas pertenecientes a una reserva forestal  han sido ocupadas por 136 familias que han decidido talar los árboles que  una ley ampara.  Lo mismo está ocurriendo en San Fernando  donde se están  tomando  terrenos contiguos al ferrocarril. Lo público no significa que no sea de nadie. Todo lo contrario: es de todos.  

Lamentablemente se ha transformado en un negocio muy rentable para unos pocos funcionarios ocultos comercializar (a través de sus punteros) tierras o propiedades  en las que inevitablemente se despojará a un propietario de sus derechos.

Si un Estado pretende ser social debe distribuir debidamente sus recursos para amparar las viviendas que pretende donar o bien implementar medidas para que los trabajadores puedan acceder líneas de crédito y/o pago de sus casas. 

Durante esta pandemia  ha sido noticia el temor de mucha gente y su negativa a internarse o a aislarse en centros de salud por miedo a que le usurpen  su vivienda. 

Como relataba Cortázar en su metafórica novela “Casa Tomada”,  los legítimos ocupantes debieron ir cediendo espacio a quienes irrumpieron  en la vivienda sin permiso, invadiendo cada espacio hasta despojar a los propietarios dejándolos en la calle 

Donar o tomar lo ajeno es sencillamente un ilícito, sin importar quién lo cometa.

País | Opinión
30/07/2021

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